5 may. 2011

Inmigrantes Extremeños piden igualdad laboral en Cáceres

Cáceres,05/05/2011 -Aitor Fernandez - El Periódico Extremadura
150 ciudadanos marroquíes piden en Cáceres derogar parte del nuevo reglamento de Extranjería, que requiere ingresos de más de 800 euros al mes por cada miembro de la familia, niños incluidos, para renovar la autorización de residencia.
La mujer y el hijo de seis años de Moktar Mihit son ciudadanos ilegales porque los ingresos mensuales de esta familia de Talayuela no llegan a los 650 euros por cada miembro del hogar. Por este motivo económico, el Gobierno les ha denegado la renovación del permiso de residencia y ahora se exponen a ser deportados a Marruecos, su país de origen, dejando aquí a Moktar --que sí ha obtenido los papeles-- y a otro hijo del matrimonio, de dos años y nacido en Navalmoral. El está desesperado, hasta el punto de que ayer por la mañana cogió un autobús en Talayuela dispuesto a acampar indefinidamente frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres hasta conseguir una solución. Y como él, 150 compatriotas más, que viajaron a la capital cacereña y que durante dos horas se concentraron frente a la sede de esta institución para pedir la derogación del reglamento de Extranjería. Incluso intentaron montar un campamento de protesta en la avenida Virgen de la Montaña, pero desistieron advertidos de que era un acción ilegal y que serían desalojados.

La situación de este colectivo inmigrante, tan importante en otros tiempos como mano de obra asequible para ocupaciones desprestigiadas, ha ido empeorando en los últimos años. No solo por la crisis, que ha empujado a muchos parados españoles a volver al campo y ofrecerse como trabajadores agrícolas, desplazando a los jornaleros extranjeros. También por la aplicación de la Ley de Extranjería, reformada en 2003 y que ahora se endurece con la entrada en vigor de su reglamento, en dos meses.

La autorización de residencia temporal, la que tienen muchos de estos ciudadanos, es un permiso administrativo con una validez de entre tres meses y cinco años. Una de las exigencias es tener contrato de trabajo o acreditar un empleo. Los que lo consiguen pueden solicitar además la autorización de residencia para sus familiares, según el criterio de reagrupamiento familiar. Para ello necesitan demostrar los vínculos, una vivienda y "medios de vida suficientes". Este último criterio, según el colectivo inmigrante, está siendo utilizado por el Gobierno para "empujarnos a la ilegalidad".

Antonia González, voluntaria de la oenegé Cáceres Acoge, explica que la ley se ha aplicado hasta ahora sin su reglamento. "Para renovar el permiso les pedían tener 12 nóminas al año por integrante de la familia, con un importe mínimo equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (633 euros). Como aquí la mayoría de estas personas son jornaleros, se negoció con la Delegación del Gobierno que fuesen solo 9 nóminas si cotizaban en el régimen general de la Seguridad Social y seis, en el agrario", explica.

Ahora el Congreso ha aprobado el reglamento, que fija en 12 las nóminas requeridas y eleva el importe mínimo por encima del 150% del IPREM --el indicador que sustituye al salario mínimo--. Esto supondrá más de 800 euros por cada miembro familiar. En el caso de Moktar Mihit, con su esposa y dos hijos, deberán alcanzar los 2.400 euros mensuales. "¿Cuántas familias españolas tienen hoy esos ingresos?", se pregunta Jamal Haddad, de la asociación de inmigrantes Annour . "Se les está condenando a una ilegalidad sobrevenida. Con lo que ganan como jornaleros, apenas tienen para la renovación del permiso del cabeza de familia. No llega para los hijos", subraya Antonia González.

Por eso los 150 ciudadanos que ayer se concentraron en Cáceres reclaman la derogación de esa parte del reglamento de Extranjería, por "no corresponderse con la realidad económica y laboral". Ayer estuvieron dos horas frente a la Subdelegación, con banderas españolas y con carteles en los que se leía "en Marruecos no tenemos derechos, en España tampoco" o "inmigrante = + paro + precariedad -- derechos". Dejaron la protesta ante la amenaza de desalojo policial. Pero prometen volver. "No queremos ser ciudadanos de segunda", gritaban.

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